35 horas

Los funcionarios asturianos exigen la recuperación “inmediata” de las 35 horas.


El secretario de Estado afirma que el gobierno deja “a futuro” la modificación de la jornada. La medida supondría que los empleados públicos de la región trabajasen 140.000 horas menos a la semana.


Piden que el Gobierno central les devuelva lo que les ha quitado, por lo que no aceptan más demoras. El secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, ha anunciado la intención del Gobierno central de dejar “a futuro” la recuperación de la jornada de 35 horas semanales para los empleados públicos, un propósito recogido con moderado optimismo por parte de los sindicatos, que exigen que la devolución de derechos sea “inmediata”. Además, dejan claro que no aceptarán que, tal y como adelantó el Ejecutivo de Rajoy, esa mejora de las condiciones laborales sea por sectores. Las discrepancias entre las centrales radican en la responsabilidad que una u otra cargan al Principado sobre la situación de los empleados públicos autonómicos.

La reivindicación no es nueva, ya que los sindicatos han insistido, desde el “decretazo” de Rajoy, en la necesidad de recuperar el estado anterior. Por eso reconocen que el anuncio del gobierno es un avance, pero no entienden el motivo por el que tienen que esperar. Varios ministros han 35 horasapostado públicamente por la necesidad de recuperar los derechos perdidos durante la crisis, incluso por una subida salarial, por eso las centrales consideran que es el momento de dar ejemplo y de que se rebaje la jornada de 37,5 horas semanales a 35 horas. Esto se traduciría en que los más de 56.000 empleados públicos que trabajan en el Principado entre todas las administraciones trabajasen 140.000 horas menos a la semana.

Nicolás González, presidente de la Junta de Funcionarios del Principado, recuerda que la vuelta a la situación anterior es uno de “los principales objetivos” de la plataforma desde que el Rajoy aplicó el decreto. González explica que el aumento de la jornada lo aplicó el Gobierno central de forma unilateral, motivo por el que, al margen de que la administración autonómica haya podido hacer algo o no, “la pelota está en su tejado”. “Solo exigimos que nos devuelvan lo que nos han quitado”, sostiene, antes de añadir que a nivel regional han intentado convencer al Principado de que siguiera el ejemplo de otras autonomías, pero que nos dicen que ellos no pueden hacer nada porque incumplirían la ley”.

 En opinión de González, el aumento de la jornada laboral se ha traducido en “la pérdida de muchos puestos de trabajo y en el deterioro de la calidad del servicio”, especialmente en el “ámbito de la sanidad”. Por ello, critica la intención del Gobierno de estudiar la situación por sectores y asevera que “no hay discriminación posible. El decreto afectó a todos y su modificación también debe hacerlo”.

Sergio Fernández, presidente de CSIF Asturias, es más crítico con la actuación del Principado. El sindicalista recuerda que en otras comunidades, como Andalucía o Castilla- La Mancha, los ejecutivos autonómicos han recuperado la jornada de 35 horas, y aunque “en algunos casos el gobierno lo ha recurrido”, en Asturias podían haber hecho lo mismo. En su opinión, esa medida “supondría poco dinero para el Principado, ya que solo acarrearía gastos en algunos trabajadores de sanidad”. “Son más de Montoro que el propio Montoro“, añade para calificar la actuación del gobierno regional.

Fernández extiende sus quejas al ministerio, ya que “no compartimos su política errática”, motivo por el que exige que “se vuelva ya” a la situación anterior, y reitera sus quejas a la administración autonómica. “Tienen cierto margen pero aquí no han querido hacer nada“, concluye.

Fernando Sánchez, secretario general de FSC-CCOO en Asturias asegura que el anuncio del secretario de Estado “reconoce tácitamente” parte de las viejas reivindicaciones del sindicato, que son la necesidad de consolidar 300.000 empleos públicos en el conjunto de la administración y la vuelta de la jornada de 35 horas. Sánchez explica que la central ha planteado al Ejecutivo la necesidad de eliminar el concepto de carácter básico” del artículo que regula las horas de trabajo. En su opinión, esta medida permitiría que cada administración negociase de forma individual la recuperación de las horas, algo que ahora es ilegal.

El sindicalista deja claro que su exigencia es la recuperación de la jornada para todos los trabajadores y todos los sectores, pero que han planteado esa medida “como un mal menor” mientras el Gobierno central se decide a restaurar los derechos perdidos. El responsable de CCOO reconoce que el Principado podría moverse“, pero recuerda que en casos como el de Andalucía el Gobierno ha recurrido. Eso sí, deja claro que ellos seguirán peleando para recuperar la situación anterior a pesar de que están lanzando una campaña para desmovilizarnos.

Una opinión similar tiene Marisol Gómez, secretaria de Acción Sindical y de Administración Autonómica de FeSP-UGT Asturias. “Esperamos que el anuncio del secretario de Estado signifique algo”, afirma Gómez, quien explica que existe “un clamor en todas las comunidades para desbloquear la ley y que cada autonomía pueda negociar”. Para ello, al igual que CCOO, señala que es indispensable eliminar el “concepto de carácter básico” del artículo que regula la jornada.

Esa medida beneficiaría a los funcionarios del Principado, pero la sindicalista apunta la necesidad de que sean los empleados públicos de todas las administraciones los que recuperen la situación anterior.

“No entendemos el motivo por el que hay que esperar a los presupuestos generales de 2018 si pueden modificar la situación ya”.

Impacto de 1.200 millones

La recuperación de las jornada de 35 horas semanales tendría un impacto aproximado de 1.2000 millones para el Gobierno de Rajoy, según las cifras que en abril ofreció la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado. Ese es el último dato, pero el anterior responsable de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, había cifrado en 2.500 millones el ahorro de las administraciones autonómicas y locales cuando se implantó el decreto en 2012.

Publicado en “La Voz de Asturias” 19 de Julio de 2017.

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