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Las personas con discapacidad y su derecho a la vida pública.


Hay infinidad de situaciones que adquieren una extraordinaria relevancia en la vida cotidiana de muchas personas y, sin embargo, pasan inadvertidas para los focos mediáticos y de las opiniones de las redes sociales y, por tanto, en el conocimiento de los ciudadanos. 


En España casi cien mil personas no pudieron votar en las pasadas elecciones generales por tener una discapacidad y una sentencia firme por incapacitación judicial. El sufragio es de facto uno de los derechos más universales.

De este modo, en nuestro país no se cumple la Constitución Española [CE] porque se contravienen dos de sus artículos:

  • El 14 que dictamina que los españoles somos iguales ante la ley, sin discriminación por razón de nacimiento, sexo y condición, y
  • el artículo 23 que especifica que ”los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal”.

Se incumple además el artículo 3 de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad que reclama la participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad. Convención que fue ratificada por el Reino de España y que el Comité sobre los Derechos de la Naciones Unidas ha dictaminado en su última revisión, instando a nuestro país a modificar el art. 3 de la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General [LOREG].

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Se trata de un severo error con más de 32 años de historia en el que, legislatura tras legislatura, nadie ha reparado en modificar. Para ningún partido político ni gobierno central ha significado prioritario.

Y produce frustración. Parece como si la gestión pública se haya reducido a la profesión de la política espectáculo, a la reiteración de consignas inertes frente al sublime debate de la convicción desde la palabra, al mecánico ataque a las propuestas adversarias pese a su posible acierto y la arenga a los “nuestros” desde el acento en la diferencia frente a los “suyos”. Se trata de invadir con afectos y rencores contra la lógica y la razón.

Pareciera que la política fuese desde hace unos años la carrera de la perpetuación profesional individual a costa del valor compartido grupal. Y aunque jamás debe generalizarse a costa de estigmatizar, con el empuje de organizaciones sociales, civiles, de familias afectadas, de opiniones expertas generadoras de opinión y la bisoñez idealista de algunos recién llegados se logran las transformaciones sociales.

El CERMI, como máxima representación organizada de la discapacidad en España, lleva años sensibilizando y convenciendo de las necesidades de las personas con discapacidad y de sus familias. Se trata de entender que la discapacidad es accidental a la persona, por tanto, no afecta a su dignidad.

El año pasado, Unión del Pueblo Navarro, desde la humildad de dos escaños y la fuerza de la razón logró convencer a todos los escaños por unanimidad del Congreso de los Diputados, para que la Comisión de las Políticas Integrales de la Discapacidad tuviese rango legislativo.

Esta vez, una más, liderará para que en 2018 se modifique el artículo 3 de la LOREG, en el seno de la Reforma Electoral de la Comisión Constitucional. A priori, parece que lograrán en común un nuevo avance en los derechos de las personas con discapacidad.  Es cuestión de empuje, de persuasión y de actitud.

Se agradece a organizaciones como el CERMI, a su presidente Luis Cayo, a su equipo de profesionales y a sus delegaciones territoriales, a todas las organizaciones sociales en la búsqueda de los apoyos para lograr una vida autónoma e inclusiva de las personas con discapacidad.

Publicado en “Navarra.com” 02 de Noviembre de 2017.

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